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Carta abierta de J.C. Abeigón, Vicedecano del Ilustre C.P.A.P.

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra acordó en el día de ayer realizar una concentración en protesta por la tramitación del Proyecto de Ley de Tasas Judiciales, que tendrá lugar el próximo día 9 de noviembre de 2012, a las 12 de la mañana, y durante media hora, delante de la Audiencia Provincial, y en todas las sedes de los partidos judiciales en los que este Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra tiene competencia, asumiendo así lo acordado por el Consello da Avogacia Galega a propuesta de este Colegio. Comuníquese a los Jueces Decanos de los partidos judiciales, así como al Presidente de la Audiencia Provincial y Fiscal Jefe, Consello da Avogacía Galega, Consejo General de la Abogacía Española, Ilustre Colegio de Procuradores de Pontevedra y demás agentes sociales, con invitación expresa para participar en dicha concentración, motivo por el cual le dirigimos la presente comunicación.

 

Permítanos explicarle EN QUÉ LE AFECTA A LOS CIUDADANOS EL INCONSTITUCIONAL PROYECTO DE TASAS JUDICIALES:

Está en tramitación parlamentaria en fase ya de inmediato debate en las Cortes, y que se pretende que entre en vigor este mes de noviembre de 2012,  un proyecto de ley de tasas judiciales que pretende imponer tasas por el acceso a los tribunales (excepto en Penal) a TODAS LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, con la excepción, en cuanto a personas físicas, de las que ganen en el conjunto de su unidad familiar menos de aprox. 1.100€/mes (límite para tener derecho a justicia gratuita). Se pretende que las tasas sean las mismas sea cual sea el nivel de ingresos (una multinacional pagará lo mismo que quien gana  1.200€/mes y sobrevive con eso manteniendo a varios de familia). Son tasas hasta ahora inexistentes para personas físicas, y para jurídicas solo las había, y muy pequeñas, para empresas de gran facturación, y que ahora se pretenden  imponer con carácter general y además con unos criterios de cálculo descabellados que tienen como resultado unas cuantías desorbitadas y disuasorias, que en cuanto está en juego una indemnización por daños, los ahorros de las preferentes, o un inmueble vendido sin licencia, llegan a varios miles de euros  y en cuantías pequeñas (reclamaciones de Consumo, multas de tráfico, etc.) llegan a duplicar, y más, la cantidad reclamada. Para ejemplos, pinche aquí; y en su propio beneficio pierda un minuto de su tiempo en comprobar de qué atrocidad estamos hablando. No se trata de una revisión de las tasas judiciales, como se está diciendo, sino de la creación de unas tasas a todos los ciudadanos que hasta ahora no existen.

¿Que a usted eso del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución le suena muy raro, no le gustan los juzgados y esto a usted no le afecta porque ni usted ni los suyos se van a meter en pleitos? Estupendo y enhorabuena. Entonces será porque

  • nunca lo van a despedir del trabajo
  • ni el casero se va a quedar irregularmente con su fianza
  • ni su inquilino le va a dejar de pagar la renta
  • ni usted ni su familia van a sufrir una negligencia médica en un hospital público o privado
  • ni la constructora del edificio de al lado le va a causar unas grietas en su casa que no le quiere arreglar
  • ni le va a deber dinero un Ayuntamiento por un trabajo ya hecho
  • ni tendrá nunca un problema grave con una empresa de telefonía
  • ni se le ha ocurrido invertir los ahorros de toda una vida en las preferentes
  • ni tendrá nunca disputas sobre una herencia
  • ni le han vendido una casa sin licencia
  • ni va a sufrir jamás un accidente de trabajo ni de coche ni de avión ni se va a romper un hueso al caerse en la calle por una obra no señalizada
  • ni le van a deber dinero nunca ni su empresa ni un cliente
  • ni va a tener que discutir con la Seguridad Social por no querer concederle la incapacidad laboral permanente cuando esté enfermo
  • ni la discoteca de abajo le va a molestar jamás
  • ni va a tener problemas con su ex pareja sobre el reparto de los bienes comunes.

Será usted pues una persona muy afortunada. Pero resulta que a mucha, muchísima,  gente sí le pasan esas cosas, y muchas otras; sin buscarlas. Y la esencia misma del Estado de Derecho es que se pueda disponer del amparo de los Tribunales, contra la arbitrariedad de los poderosos y del Estado, y los Tribunales se inventaron para que el más débil tuviera una oportunidad.

¿Qué los tribunales ahora son lentos? Tiene usted razón. Pero tranquilo, que a costa de la indefensión de millones de ciudadanos enseguida irán más deprisa, si esto sigue adelante. Aunque, claro, solo para algunos, los pocos que puedan pagarlo, que tendrán una justicia rápida a costa de que el resto no tenga ninguna. Que está usted entre los que pueden pagar, bien; si no, ya lo sabe, tendrá que aguantarse.

¿Que es usted partidario de la mediación y el arbitraje, y de llegar a acuerdos? Magnífico, y coincido con usted. Pero intente llegar a acuerdos con la Seguridad Social sobre su incapacidad, y explíqueme cómo piensa negociar con alguien más poderoso que usted o que rehúsa porque sí a cumplir sus obligaciones, sea una multinacional que se niega a aplicar el Derecho del Consumo, sea una constructora que le ha dejado tirado sin entregarle la casa ni devolverle la entrada ya pagada o sea la compañía de seguros que no le abona la indemnización por los daños que ha sufrido o el casero que se quedó por las buenas con su fianza.

¿Que es usted una gran empresa de las que sistemáticamente abusan de los consumidores? Le doy la enhorabuena muy calurosamente. A usted el proyecto también la afecta, y mucho; estará usted encantado. Los consumidores no podrán defenderse, las normas del Derecho del Consumo quedarán en papel mojado y usted podrá no solo seguir así, que le parecerá poco, sino ampliar tranquilamente con cuantos nuevos abusos le parezcan oportunos.

Resumiendo: ¿Justicia de dos velocidades? No. Justicia para quien pueda pagarla, y ninguna para el que no pueda. Y muchos, muchísimos, no podrán. Pinche aquí para leer ejemplos y piense si usted podría.

El sistema de “Justicia para quien pueda pagársela, y el que no pueda se queda sin ella”, por el mecanimo de imponer  tasas judiciales desorbitadas y disuasorias, no solo es inconstitucional sin ninguna duda, y así lo ha declarado ya el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias,  sino que además es contrario a los convenios internacionales, y así lo declaran también numerosas sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) [para ver razones de inconstitucionalidad y sentencias del TEDH pinche aquí].

Si nos movilizamos, podemos conseguir que se retire el proyecto. NO ES CUESTIÓN DE IDEOLOGÍA, NI DE PERTENECER O NO, O DE SIMPATIZAR O NO CON EL GRUPO POLÍTICO QUE GOBIERNA, SINO DE PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS. Y ESTE PROYECTO ES INCONSTITUCIONAL Y, POR ELLO, ANTIDEMOCRÁTICO. Puede, además de participar en la concentración citada, enviarle un correo electrónico al Grupo Parlamentario del PP en el Congreso portavoz.gpp@gpp.congreso.es pidiéndole que retire este proyecto.

 

                         Juan C. Abeigón Vidal

Vicedecano